Los laudos en los que se condena a España tienen que ver con el recorte de las primas de las renovables llevado a cabo en 2013
MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) – España lidera en 2024 y por segundo año consecutivo el Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales que elabora anualmente la consultora NL Investment Consulting, situándose por delante de Venezuela y Rusia en el número de laudos a pagar, ascendiendo la deuda a un total de 1.820 millones de euros.
En concreto, dicho listado, en el que se incluyen cifras comparadas para España y otros países, y que ha contado con la autoría del profesor holandés Nikos Lavranos, experto en el campo de los arbitrajes internacionales, ha sido presentado este miércoles en la Conferencia Internacional sobre Energías Renovables, Inversión y Seguridad jurídica.
Los laudos arbitrales emitidos por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) en los que se condena a España hacen referencia al recorte de las primas de las renovables que el Gobierno de Mariano Rajoy llevó a cabo en 2013 para paliar el déficit tarifario en el sector eléctrico.
INDEMNIZAR A 25 COMPAÑÍAS POR RETIRADA DE LAS PRIMAS RENOVABLES
Hasta la fecha, España se ha negado a cumplir las sentencias de arbitraje que condenan al país a indemnizar a 25 compañías afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables, acumulando obligaciones por cerca de 1.500 millones de euros, cifra a la que hay que sumar cerca de 345 millones en concepto de sobrecostes judiciales y financieros, por las condenas en costas, los intereses de demora y la contratación de consultores y abogados.
De esta manera, el daño a la economía española derivado de la incertidumbre jurídica ascendió a 12.400 millones entre 2023 y 2024, pudiendo la cifra total llegar a 20.000 millones si los impagos se extienden durante 2025, lo que supone en torno al 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB) anual.
MANO TENDIDA
Por otra parte, el informe constata que las compañías afectadas siguen tendiendo la mano al Gobierno con medidas como un canje de la deuda por bonos verdes, para zanjar los litigios y reinvertir en renovables y en España.
En este contexto, el estudio recalca que los avances que han logrado los acreedores ante los tribunales de Estados Unidos han sido «notables», por lo que en las próximas semanas se esperan novedades sobre los distintos procesos en marcha como, por ejemplo, las que implican a las corporaciones niponas Itochu y Mitsui.
En comparación con el resto de países presentes en el listado, España se sitúa como el territorio con mayor número de laudos pendientes de pago (24), por delante de Venezuela (20) y Rusia (10).
EMBARGOS DE BIENES EN VENEZUELA
México, Argentina, Perú, Polonia, Libia, Ucrania y Ecuador completan las diez primeras posiciones, seguidos de Kirguistán, Kazajistán, República Checa e India. En el caso de Venezuela, los embargos de bienes pueden acabar resolviendo buena parte de sus deudas, puesto que los tribunales de Estados Unidos han fallado a favor de los afectados y próximamente se pueden concretar medidas compensatorias que pueden terminar resolviendo las disputas que siguen en el aire.
El informe del profesor Lavranos indica que, a lo largo de 2024, Perú y Ecuador han empezado a negociar con sus acreedores para zanjar sus laudos, al igual que está haciendo Argentina. Mientras tanto en Europa, los gobiernos de Italia y Polonia han indicado igualmente su voluntad de poner fin a estos contenciosos.
En el caso de España, cabe recordar que el Gobierno se sometió a estos procedimientos al ser firmante del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) cuando se produjo la retirada retroactiva de las primas renovables, lo que explica las condenas acaecidas en los tribunales de Estados Unidos, así como en las cortes de Australia, Bélgica y Reino Unido.
RECHAZO A ARGUMENTOS DE ESPAÑA EN TRIBUNALES DE EE.UU.
Aunque España y la Unión Europea (UE) han abandonado dicho tratado, este estaba plenamente en vigor cuando se concedieron las primas a las renovables y también seguía en pie cuando fueron retiradas, de modo que las garantías de seguridad jurídica ofrecidas por el TCE son de plena aplicación en el caso de España, que además es firmante del Convenio del Ciadi, que ha canalizado la mayoría de las disputas a través del tribunal de arbitrajes del Banco Mundial.
Por lo tanto, el estudio señala que «no sorprende que los tribunales de Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Suiza hayan rechazado los argumentos de España y, en el caso de los tres primeros países mencionados, hayan registrado y reconocido los laudos, dando ya pie a distintos embargos en el caso de la Justicia británica».
En el seno de la UE también se han anunciado medidas compensatorias, como el embargo que ha practicado la Justicia belga a los pagos de Eurocontrol a Enaire, una medida reclamada por las empresas que están sufriendo los impagos del Gobierno.
En este sentido, el análisis explica que, aunque se ha invocado la transición energética como un argumento para dejar el TCE, la mayoría de las disputas que se han tramitado bajo dicho acuerdo atañen a las energías renovables, lo que en el caso de España es paradigmático, puesto que, hasta la reciente denuncia interpuesta por Berkeley en relación con un proyecto de minería, el resto de litigios aludían a las energías renovables.
«Mirando al futuro, el país ibérico y las instituciones comunitarias no lograrán generar confianza entre los inversores si no resuelven los litigios pendientes de pago, lo que dificultará enormemente la captación de capital para financiar la transición energética», zanja el estudio.
