España- Madrid, 14 de enero.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional mantiene abiertas diligencias de investigación penal contra el cantante Julio Iglesias tras la denuncia presentada por dos exempleadas de su servicio doméstico, que lo acusan de agresiones sexuales, trata de seres humanos con fines de servidumbre, lesiones y vulneración de derechos laborales. El caso, destapado por una investigación conjunta de elDiario.es y Univisión Noticias, ha derivado en un intenso debate político, institucional y social, y ha llevado al Gobierno a estudiar la retirada de condecoraciones oficiales concedidas al artista.
Testigos protegidos y delitos investigados
La Fiscalía ha otorgado a las dos denunciantes la condición de testigos protegidos, una medida solicitada por la organización Women’s Link Legal debido a la “desigualdad extrema de poder” entre las víctimas y el denunciado, derivada tanto de su capacidad económica como de su influencia internacional. Según ha confirmado la directora ejecutiva de la ONG, Jovana Ríos Cisnero, ambas mujeres siguen siendo empleadas del cantante.
Entre los delitos que se investigan figuran presuntas agresiones sexuales reiteradas, trata de seres humanos con fines de servidumbre, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores. Las diligencias tienen carácter reservado “en aras de la protección prioritaria de las víctimas”, según ha informado el Ministerio Público.
Relatos de abuso, control y explotación
Las denunciantes —identificadas con los pseudónimos de Rebeca y Laura— aseguran haber sufrido tocamientos, presiones sexuales, violencia física y verbal, humillaciones y aislamiento mientras trabajaban en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas). Una de ellas afirma haber sido obligada a mantener relaciones sexuales de manera reiterada con el cantante en 2021, cuando tenía 22 años.
La investigación periodística recoge testimonios de 15 exempleadas que trabajaron para el artista entre 1990 y 2023, y describe una estructura jerárquica dentro del servicio doméstico que, según los relatos, facilitaba el control sobre las trabajadoras y la ejecución de órdenes del cantante. Parte de estas declaraciones han sido contrastadas con mensajes, registros de llamadas, fotografías, informes médicos y otros documentos.
También se describe un sistema de contratación que exigía fotografías de cuerpo entero y rostro antes de la incorporación, sin entrevistas personales, así como preguntas íntimas y proposiciones sexuales una vez iniciada la relación laboral.
Las víctimas reclaman justicia
Las dos denunciantes han explicado que su decisión de acudir a la Audiencia Nacional responde a su voluntad de hacer justicia y evitar que otras mujeres sufran situaciones similares. “Mi propósito es que ninguna mujer vuelva a sufrir abusos por su parte”, han señalado en un comunicado difundido por Women’s Link.
Ambas cuentan con el apoyo de Amnistía Internacional, que ha advertido de que estos casos responden a patrones estructurales de explotación que afectan de manera desproporcionada a mujeres migrantes, racializadas y en situación de vulnerabilidad económica. “La violencia ejercida por empleadores contra trabajadoras del hogar es una grave violación de derechos humanos”, ha subrayado la organización.
El Gobierno estudia retirar la Medalla de Bellas Artes
En paralelo a la investigación judicial, el Gobierno ha confirmado que estudia retirar la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida a Julio Iglesias, una decisión que debe pasar por el Consejo de Ministros. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado que el Ejecutivo se siente “interpelado” por la gravedad de las denuncias y ha señalado que el caso podría constituir incluso un “presunto caso de trata”.
“Cuando hay denuncias de acoso y abuso sexual, la obligación de cualquier gobernante es ponerse del lado de las víctimas”, ha declarado Urtasun, quien ha rechazado las declaraciones de apoyo al cantante realizadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido una actuación “ejemplarizante” y ha subrayado que la retirada de honores no vulnera la presunción de inocencia, al tratarse de una cuestión de responsabilidad ética y no penal. Según avanzó, el Ministerio de Cultura resolverá la cuestión “en los próximos días”.
División política y llamamientos a la prudencia
Las reacciones políticas han evidenciado una fuerte división. Desde el Gobierno y los partidos de izquierda se ha insistido en la necesidad de investigar “hasta el final” y de situar a las víctimas en el centro. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido retirar todas las medallas y honores concedidos al artista y ha agradecido la valentía de las denunciantes.
En contraste, dirigentes del Partido Popular han llamado a la prudencia. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que no tiene intención de retirar el reconocimiento de Hijo Predilecto concedido al cantante en 2015, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado su sorpresa por las acusaciones y ha pedido dejar de especular hasta que avance la investigación judicial.
Desde Vox, su líder Santiago Abascal ha cuestionado la proliferación de denuncias contra figuras públicas y ha acusado al Gobierno de utilizar estos casos con fines políticos.
Un caso de alto impacto social
Mientras la Fiscalía continúa con las diligencias y las denunciantes cuentan con protección judicial, el caso de Julio Iglesias ha reabierto el debate sobre la violencia sexual, el abuso de poder, la explotación laboral en el trabajo doméstico y la retirada de honores públicos a figuras culturales acusadas de delitos graves.
Las organizaciones de derechos humanos insisten en que no se trata de hechos aislados, sino de dinámicas estructurales que requieren respuestas firmes por parte de la justicia y de las instituciones.
Fuente: EUROPA PRESS
