Santa Cruz, julio de 2025. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) emitió recientemente una nueva reglamentación que marca un antes y un después en el uso de criptomonedas en Bolivia. La normativa, contenida en la Circular ASFI/885/25, establece parámetros claros para el funcionamiento de servicios financieros innovadores, incluyendo aquellos que operan con activos virtuales como las criptomonedas.
¿Qué cambia con esta norma?
Por primera vez, ASFI reconoce legalmente a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), es decir, aquellas personas naturales o jurídicas que realizan como actividad comercial el intercambio, custodia, administración o transferencia de criptomonedas (denominadas en la norma como activos virtuales), como USDT, Bitcoin, Ethereum, entre otros.
A partir de ahora, solo las entidades supervisadas que cuenten con soluciones tecnológicas autorizadas podrán ofrecer servicios relacionados con criptomonedas. Esto incluye la custodia, transferencia o intercambio de activos virtuales. Las plataformas que no cuenten con licencia o respaldo normativo de la ASFI estarán prohibidas de operar en el ámbito financiero boliviano.
Esto pone en la mira a plataformas internacionales como Binance, Takenos, Meru, entre otras, las cuales deberán adecuarse al marco boliviano o limitar sus operaciones para no incurrir en actividades financieras no autorizadas.
¿Qué sí permite la ASFI?
Las entidades financieras supervisadas podrán ofrecer servicios innovadores bajo cinco categorías, entre ellas: soluciones con blockchain, activos tokenizados, activos virtuales, pagos digitales y plataformas de financiamiento. Las empresas que deseen operar legalmente deben constituirse como Empresas de Tecnología Financiera (ETF), contar con domicilio legal en Bolivia y someterse a estrictos controles de ciberseguridad, identificación de usuarios y trazabilidad de las transacciones.
Además, la normativa permite que estas operaciones se desarrollen dentro del llamado Entorno Controlado de Pruebas (ECP), una especie de “sandbox” regulatorio en el que ASFI supervisa y evalúa el funcionamiento de estos servicios en tiempo real antes de su plena autorización.
¿Qué no está permitido?
Quedan excluidas y por lo tanto prohibidas las actividades con criptomonedas realizadas por personas o empresas que no cuenten con una solución tecnológica autorizada por ASFI. Esto significa que cualquier empresa que opere fuera de este marco legal no podrá prestar servicios financieros relacionados con criptomonedas en Bolivia, como comprar o vender criptoactivos, transferencias P2P, custodia de wallets o intercambio entre criptos y bolivianos.
¿Qué impacto tiene esto en los usuarios?
Los usuarios bolivianos que utilicen billeteras digitales como Meru o intercambios como Binance deben estar informados de que, bajo esta nueva normativa, toda operación con criptomonedas es bajo su entera responsabilidad y riesgo. Las entidades autorizadas deberán advertir explícitamente a los clientes que los activos virtuales no cuentan con respaldo estatal y que sus movimientos pueden estar sujetos a fluctuaciones o pérdidas.
¿Y qué pasa con las billeteras digitales?
Plataformas como Meru, que ofrecen servicios financieros digitales con criptomonedas, podrían beneficiarse de esta normativa si logran adecuarse y obtener autorización como ETF en Bolivia. De hecho, la nueva regulación representa una oportunidad para institucionalizar y formalizar el uso de activos digitales en el país, generando mayor confianza, seguridad jurídica e innovación tecnológica.
Un paso hacia la inclusión financiera digital
La normativa también contempla mecanismos para flexibilizar temporalmente ciertas exigencias mientras las empresas se someten a pruebas en el ECP. Esto permite que emprendimientos fintech puedan innovar sin incurrir de inmediato en todo el aparato regulatorio, bajo supervisión directa de ASFI.
En resumen, Bolivia da un paso firme hacia la inclusión financiera digital, sin renunciar a su marco de regulación y protección al consumidor. El uso de criptomonedas y billeteras digitales ahora tiene un camino formal, aunque exigente, para desarrollarse dentro de la legalidad nacional.
