Expertos en geopolítica, energía y minería coinciden en la necesidad de un cambio en el modelo de desarrollo económico y energético, en el aprovechamiento de las fuentes renovables, en la diversificación económica y fiscal, y en esquemas de financiamiento que promuevan la sostenibilidad ambiental.
Santa Cruz, diciembre de 2024.- Bolivia enfrenta un desafío crítico en el ámbito energético. Con una matriz energética basada principalmente en los hidrocarburos, especialmente el gas natural, así como en una economía que basa sus ingresos fiscales y de divisas en estos energéticos; el país necesita emprender acciones decisivas para garantizar un suministro sostenible y diversificado de fuentes de energía. En esto concluyeron expertos de las áreas de energía y minería bolivianos y extranjeros que participaron en el foro “Visiones y propuestas hacia una transición energética sostenible”, que se llevó a cabo en recientes días en Santa Cruz de la Sierra.
El evento dio el marco para el relanzamiento de Plataforma Energética, una iniciativa del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Fundación Jubileo y Rodríguez & Baudoin Comunicación Estratégica.
Ana Lía Guerrero, Mgr. en Políticas y Estrategias y PhD. en Geografía por la Universidad Nacional del Sur (Argentina), reflexionó sobre cómo a nivel global se busca avanzar en la comprensión de la situación actual de la transición energética a escala global y regional, en el contexto de la doble crisis que, por un lado, es climática y urgente en función de las consecuencias del cambio climático, y por otro, de un orden mundial en transición, ante un escenario geopolítico y energético complejo, multipolar e interdependiente, pleno de incertidumbres.
Apuntó que “la transición energética sudamericana plantea el desafío de un enfoque que busque, no solo mitigar el cambio climático y dar seguridad energética, sino contribuir también a mejorar la calidad de vida de la sociedad, evitar la pobreza energética y alcanzar una transición justa e inclusiva, que respete las diferentes rutas de transición de cada país, favorezca procesos de integración y desarrolle tecnología propia para competir en cadenas de valor regionales”.
Los pasos hacia el cambio
Instituciones privadas pequeñas, con el apoyo de organismos internacionales de financiamiento, comenzaron a implementar proyectos piloto emblemáticos. Estos esfuerzos no solo apuntan a incorporar tecnologías alternativas, sino también a cambiar el paradigma hacia uno que valore la sostenibilidad por encima de la dependencia de los recursos naturales tradicionales.
En ese sentido, el ingeniero químico Freddy Koch, líder del área Ciudades Verdes en Swisscontact y especialista en Movilidad Urbana y Gestión de Residuos Sólidos, resaltó la importancia de impulsar políticas públicas para la introducción de vehículos eléctricos en los segmentos de uso intensivo, puesto que el transporte público no solo es un tema de transición energética, sino “quizá la única oportunidad en los próximos 20 años de modernizar los sistemas de transporte de pasajeros”.
Koch destacó que es más efectivo cambiar el parque automotor de transporte de pasajeros a vehículos eléctricos, que seguir promoviendo producción de sustitutos de hidrocarburos, en lo que tenemos tecnología ineficiente; porque, además el país tiene capacidad de producción de energía eléctrica para soportar un nuevo usuario de este tipo.
«Es momento de cambiar nuestro chip. No podemos seguir pensando que las riquezas del gas y la minería pueden ser reemplazadas simplemente por el litio. Necesitamos una visión sostenible y a largo plazo», afirmó un Javier Gómez, coordinador de la Plataforma Energética.
De acuerdo con Miguel Fernández, PhD en Energía Solar Fotovoltaica, al país le urge la definición de políticas públicas para el rumbo que tome la transición energética. “Esto pasa por un marco regulatorio y estable que proporcione certidumbre y confianza para promover las inversiones, incentivos financieros y fiscales adecuados, y promoción de inversión en energías renovables orientadas a los usuarios finales”.
Este experto asevera que el año 2050 está cada vez más cercano y las metas del país para cumplir acuerdos internacionales deben ser más decididas. Por ello, la participación de la sociedad civil y del sector privado es fundamental, de tal manera que la transición se desarrolle con equidad y justicia social; es decir, con un control de los impactos negativos en grupos sociales vulnerables. “Uno de los desafíos son los recursos. Se deben construir esquemas de financiamiento imaginativos, y climáticamente inteligentes. Tenemos que ser conscientes sobre el futuro que queremos”, afirma.
La dependencia histórica de los combustibles fósiles ha sustentado la economía nacional por décadas, pero esta fórmula es insostenible en el largo plazo. Si bien el litio aparece como una nueva oportunidad, reemplazar el gas y la minería exclusivamente con este recurso resulta inviable. Por ello, la diversificación de la matriz productiva y energética debe ser el eje central de la transformación.
Migración hacia energías verdes
Bolivia se encuentra en ciertos ejercicios de exploración en energías alternativas. Sin embargo, los expertos destacan que, para avanzar, se requieren planes a largo plazo y análisis financieros sólidos. Esto porque los desafíos tecnológicos, económicos e institucionales deben ser abordados con urgencia.
Las medidas en el corto plazo, sostiene Raúl Velásquez, analista en Energía e Hidrocarburos de Fundación Jubileo, son “eliminar la subvención al diésel y gasolina especial, la libre importación y comercialización de combustibles indefinida, encaminar al país hacia el equilibrio de la matriz eléctrica y ejecutar políticas integrales de electromovilidad”; y para que tengan efecto, se sugiera que sean implementadas en ese orden. La subvención a los combustibles, sumada a la dependencia fiscal (principalmente a la regalía e IDH) que se generan a partir de la explotación de hidrocarburos, se constituyen en el principal obstáculo a superar si el país quiere encaminarse hacia una transición energética.
Carlos Arze, investigador del CEDLA, analiza el panorama que se le plantea a Bolivia frente a los planes gubernamentales de producir biodiésel a partir de la soya. Explica que “la producción de biodiésel a partir de aceite de soya enfrenta desafíos económicos, ambientales y tecnológicos”. Esto debido a que los empresarios podrían cuestionar perder sus mercados de exportación para priorizar la provisión de materia prima para el biodiésel.
El experto señala que Bolivia tiene alternativas sostenibles a la palma africana “mediante el aprovechamiento de especies nativas como el motacú, el cusi y la palla, presentes en vastos bosques naturales”. Estas palmeras ya producen grandes volúmenes de aceite sin costos de implementación, manejo ni tiempos de espera, con un costo estimado de 0,55 dólares por litro. “Su recolección y transporte podrían impulsar una producción de biodiésel sostenible en regiones como Santa Cruz, Beni, La Paz y Pando”, expresa Arze.
La academia y la industria
Los expertos sostienen que el intercambio comercial con países como China ha permitido un acceso más cercano a tecnologías avanzadas, pero Bolivia aún debe crear las condiciones necesarias en su sistema educativo y en centros de investigación para desarrollar capacidades propias. Este esfuerzo será crucial para diversificar la matriz productiva y apostar por el desarrollo de bienes industriales, más allá de los recursos primarios.
Héctor Córdova, analista en Minería de Fundación Jubileo, señala que se puede trabajar en dos líneas: “corregir lo que está mal en la minería actual y aprovechar la coyuntura internacional para encarar nuevos proyectos”. Así, apuntó temas de obligatoria atención como recuperar el control sobre la explotación de oro, explorar y determinar reservas de tierras raras, de otros metales críticos y estratégicos, e investigar para desarrollar tecnologías amigables con el medioambiente.
“Es vital pensar en una nueva minería, una que no se detenga en la extracción del mineral, que añada valor al recurso no renovable, que se encadene con otros sectores, que sea amigable con el medio ambiente, inclusiva, que genere empleo digno, sostenible y estable, que aproveche la coyuntura que ofrece el mundo para dar un paso hacia el futuro”, dijo Córdova.
Asimismo, Alfredo Zaconeta, analista en minería del CEDLA, resume cómo se plantea la industria del litio para Bolivia y las dificultades de todo tipo que enfrenta, y presenta algunas proyecciones que apuntan a que, en los próximos dos años, el precio del carbonato de litio podría aumentar a unos 16.000 dólares la tonelada y que alrededor del año 2030 podría escalar hasta los 18.000 dólares, pero que no llegará a las previsiones de 23.000 dólares por tonelada con que el Gobierno hizo sus cálculos producción e ingresos.
A esto se suma, dice Zaconeta, que “los acuerdos firmados con Rusia y China no están respaldados por la Ley específica del litio, ni la Constitución Política del Estado, lo cual en un eventual cambio de gobierno, podría ser cuestionado y vetado”. Esto seguiría postergando al país en su objetivo de aprovechamiento de estos recursos.
Plataforma Energética hace un llamado a los actores políticos para priorizar la transformación energética con seriedad y responsabilidad. «Es necesario ordenar las ideas y llegar a consensos claros. El sector privado debe insistir en que el debate político aborde la energía con la urgencia y el compromiso que exige la coyuntura», agrega su coordinador Javier Gómez.
El foro “Visiones y propuestas hacia una transición energética sostenible”, concluyó que Si no se toman medidas inmediatas, la crisis energética podría convertirse en una amenaza real para el desarrollo del país. Por ello, Plataforma Energética reafirma su interés por trabajar en conjunto con actores públicos y privados para construir un futuro energético sostenible para Bolivia.
